El área del norte de Tanzania lleva años siendo escenario de un conflicto de baja intensidad resultado del rechazo de la población local hacia las políticas de conservación de fortalezas impulsadas desde el gobierno. Estas políticas se caracterizan por el desplazamiento forzoso de la población de determinados territorios y la construcción de reservas naturales para reducir el impacto del ser humano en el medio ambiente. El descontento de la población ante estas políticas propició una escalada de violencia entre miembros de la población masái residentes en Loliondo y las fuerzas policiales tanzanas el 9 de junio de 2022. Según algunos locales entrevistados por Al Jazeera, el enfrentamiento se produjo cuando algunos pastores que se disponían a salir con su ganado fueron interceptados por la policía, pero según la versión oficial, la respuesta policial se desencadenó cuando la población local quiso impedir la demarcación de una nueva área de conservación. Sin embargo, ambas narrativas coinciden en que la tensión se saldó con varios heridos y un detenido.
Al día siguiente los disturbios continuaron con una nueva intervención policial que tuvo como resultado la muerte de un oficial de policía. Posteriormente, los representantes masáis fueron arrestados acusados de desorden público y permanecieron detenidos durante una semana sin acceso a un abogado. Esta situación derivó en nuevas protestas que terminaron con varios heridos de bala y la huida de aproximadamente 150.000 masáis a Kenia, donde han sido acogidos por otros masáis, en un claro ejemplo de solidaridad étnica.
Para entender el contexto geopolítico de este conflicto es necesario remontarnos a la época colonial, momento en el que el territorio tradicionalmente habitado por la población masái quedó dividido en dos protectorados. Uno de ellos comprendía Tanganika, ubicado en la actual Tanzania y Zanzíbar, que estaba bajo administración alemana; y otro que estaba ubicado en la actual Kenia, bajo administración británica. Posteriormente, a partir del Tratado de Versalles en 1919, ambos territorios pasaron a ser administrados por el Imperio Británico. Posteriormente, en 1956 las autoridades británicas declararon el Serengueti (Tanzania) como parque nacional, hecho que sirvió de pretexto al gobierno británico para reubicar por primera vez a la población masái con el fin de facilitar la reproducción de los ñus y su paso migratorio.
Por otro lado, en Kenia, la desposesión de los masáis se llevó a cabo de otro modo. Tras el establecimiento del Protectorado de África Oriental en 1895, y la implementación de la Foreign Jurisdiction Act, la administración colonial británica estableció el derecho de la metrópoli a controlar aquellas partes del territorio que no estuvieran ocupadas por la población masái. Sin embargo, los colonos no se limitaron a controlar las tierras libres, sino que solicitaron permiso a los masáis para asentarse en las tierras que ellos ocupaban, a lo que la población autóctona accedió para establecer ciertas sinergias de índole mercantil con los newcomers. Años más tarde, los colonos declararon indeseada la presencia masái y buscaron legitimar su propia presencia a través de tratados y contratos, a menudo bajo coacción, que resultaron en la reubicación de la población local en reservas.
El periodo colonial finalizó cuando Tanganica y Zanzíbar dejaron de ser colonia y protectorado británicos en 1961 y 1963 respectivamente, para después formar la República Unida de Tanzania en 1964. Por su parte, Kenia alcanzó la independencia en 1963. No obstante, pese a que la descolonización no supuso un cambio sustancial en la configuración de las fronteras, la permeabilidad de estas y la existencia de vínculos entre la población masái en ambos estados han sido factores que han facilitado una intensa movilidad. Esta circunstancia según Nugent (1998) es común a otras poblaciones nómadas y en parte se puede explicar por la herencia de un modelo estatal precolonial más tendente a la descentralización.
Volviendo de nuevo a Kenia, en lo que se refiere a las políticas que han afectado a los masáis, es importante destacar el proyecto de colectivización de la tierra que tuvo lugar en los años 70. Este proyecto se llevó a cabo con el objetivo de establecer ranchos comunales que permitieran el desarrollo de la agricultura intensiva como actividad complementaria a la ganadería trashumante. Al principio, la colectivización fue bienvenida por la población masái, ya que no solo posibilitó utilizar el terreno como aval para pedir préstamos o para asentarse sino que además, el gobierno keniano fue bastante flexible en cuanto a la reorganización de los ranchos. Sin embargo, la reorganización del territorio por parte del Estado resultó en la creación de espacios cada vez más pequeños, hecho que aunado a su posterior vallado por parte de algunas comunidades, terminó suponiendo un obstáculo para la ganadería trashumante. Esta circunstancia supuso el aumento del nivel de sedentarización de los masáis y a su vez favoreció a los miembros más ricos y poderosos de las comunidades presentes en Kenia, provocando el aumento de la desigualdad consecuencia del trato de favor recibido por algunos miembros de la población fruto de la existencia de vínculos personales entre los diferentes clanes y los miembros de los comités de división.
En lo que respecta a Tanzania, el gobierno ha ligado la conservación medioambiental al desarrollo del sector terciario, concretamente el turismo. En este sentido, podemos observar cómo el pretexto de la conservación medioambiental está ligado a la explotación de la naturaleza como atractivo turístico en forma de safari, ya sea fotográfico o de caza. Como consecuencia, los terrenos expropiados en Loliondo serán destinados a la construcción de una reserva de caza que se prevé sea adquirida por Otterlo Business Corporation, una empresa de yates de lujo vinculada a la familia real de Emiratos Árabes Unidos. Este hecho permite observar la instrumentalización de las políticas medioambientales por parte del gobierno tanzano con el fin de negociar proyectos de inversión y de adquisición de hidrocarburos con los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, cabe destacar que otros autores como Muiruri han cuestionado la eficacia del establecimiento de zonas de conservación para la preservación de la naturaleza, puesto que las zonas de conservación han derivado en un incremento notable de la presencia del ser humano en la periferia del conjunto del Mara-Serengueti, con serias consecuencias para las rutas migratorias de la fauna y un notable deterioro de la flora en los límites del parque natural.
En este sentido, podemos observar cómo mientras que en Tanzania el principal problema radica en que los intereses de la población masái no están alineados con los intereses del Estado, en el caso de Kenia el problema parece provenir de que el gobierno no ha tenido en cuenta las consecuencias que podía acarrear la mayor participación de la población en la división del terreno. Tal y como mencionamos antes, la mayor participación popular ha propiciado la aparición de rencillas entre los habitantes que ha derivado en la adopción de medidas que han terminado por afectar de manera negativa al modus vivendi de los masáis. De este modo, podemos observar cómo la situación de los masáis en Kenia es un claro ejemplo de cómo en ocasiones los intentos del Estado por reducir la conflictividad a través de una alianza con los líderes tradicionales pueden ser contraproducentes. Esto se debe a que incluir a las élites locales en el proceso de asignación de recursos, como es en este caso la propiedad, puede incrementar las desigualdades, puesto que su comportamiento está profundamente influenciado por lógicas de solidaridad hacia aquellos miembros de la comunidad con quienes tienen una relación más cercana.
Así pues, la situación actual de la población masái es el resultado de la intersección de circunstancias históricas y de actores con motivaciones muy diferentes. El gobierno tanzano ha aprovechado la conservación del medioambiente para mantener buenas relaciones con socios comerciales extranjeros sin respetar el modus vivendi de su población. Por otro lado, en Kenia el gobierno ha buscado la participación de la población en los procesos de división de la tierra, un hecho positivo que, sin embargo, no ha evitado el incremento de las desigualdades. De este modo, las políticas de conservación han dado lugar a una situación compleja, en la que parece que la comunicación entre las autoridades y la población es escasa, de modo que las soluciones propuestas parecen solucionar algunos de los problemas al mismo tiempo que generan otros nuevos.